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Visitar España como turista es hoy más difícil y problemático que antes. El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero impuso una nueva normativa para ”los extranjeros” que visiten el país -con la excepción de los comunitarios, suizos y andorranos-, en la que se les exige una serie de condiciones, entre ellas la de probar solvencia económica y presentar el boleto de regreso; en caso contrario, son expulsados a través de un proceso de urgencia. Al menos dos turistas mexicanos -una mujer y un hombre- han sufrido en carne propia la severidad de esta ley que entró en vigor el 13 de mayo, con lo que se sienten atropellados en sus derechos y víctimas de un trato vejatorio por parte de la policía española.

María del Rosario Joya Cepeda, de 28 años, viajó a Barcelona el 4 de junio con el objetivo de encontrarse con su novio Marco Polo Avila, quien realiza estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Joya Cepeda es la jefa del Departamento de Síntesis, Análisis y Monitoreo del ayuntamiento de Toluca, y decidió aprovechar sus vacaciones y los ahorros para emprender el viaje a España, país que visitaba por primera vez y que pensaba recorrer con su pareja.

Pero la joven mexicana ni siquiera logró traspasar las puertas del aeropuerto. Según explicó a La Jornada Polo Avila, el traslado de México a Madrid transcurrió sin pormenores, pero cuando abordó el vuelo que la trasladó de la capital del país a Barcelona no sabía que ahí comenzaba su ”pesadilla”. Al llegar al control fronterizo del aeropuerto del Prat, los policías españoles le reclamaron una serie de documentos -como la reservación de hotel- y le exigieron que demostrara que tenía dinero suficiente para permanecer en el país dos semanas. Ella, nerviosa y estupefacta ante la situación que estaba viviendo, les mostró los 600 euros en efectivo que tenía en su poder, así como los estados de sus cuentas bancarias, el comprobante de que tenía un empleo estable en México y un número de teléfono de una persona residente en España.

En nombre de los demandantes, Corral agradeció el respaldo de intelectuales, artistas, escritores y políticos que los acompañaron en la batalla constitucional para enfrentar una legislación ”a todas luces injusta, a todas luces perversa”.

Irónico, agradeció incluso a Televisa y TvAzteca, ”por los favores recibidos”. Sostuvo que ”sin sus campañas de linchamiento, de intimidación y de mentiras, quizá tampoco hubiera sido posible este fallo de la Suprema Corte de Justicia”.

Rayuela

La Corte paró en seco el gran atraco al país que inventó el duopolio televisivo, dejando caer, una a una, como falsas monedas, las prebendas que creían haberse adjudicado. ¡Qué vergüenza para los legisladores que se dejaron corromper, que fueron casi todos!
Honor y reconocimiento a los que lucharon contra ese intento de atropello.

Revés a la indecencia

La inmoralidad ha sido frenada: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un fallo que la reivindica de cara a la nación, por unanimidad declaró inconstitucionales los artículos 28 y 28-A de la llamada ley Televisa, oficialmente Ley Federal de Radio y Televisión, por medio de los cuales la pasada legislatura pretendía regalar -u otorgar a cambio de favores aún no revelados- concesiones de telecomunicaciones a los grandes consorcios televisivos y radiales, marginar a empresas medianas y pequeñas y a entidades públicas, sociales, culturales y educativas, y transferir a manos privadas cuantiosos recursos públicos. Asimismo, el máximo tribunal del país rechazó el artículo 17-G de la también denominada “ley de medios”, en el que se estipulaba el otorgamiento de concesiones por subasta pública y que, de haber entrado en vigor, habría condicionado el derecho universal a la libertad de expresión al pequeño grupo de magnates que cuenta con los recursos suficientes para concentrar en sus manos la totalidad de las señales que fueran rematadas al mejor postor.

La resolución de la SCJN no sólo es positiva y reconfortante en la medida en que abre la perspectiva de restituir el sentido republicano a las leyes del país, preservar el dominio público y evitar el despojo a los derechos de los mexicanos y un saqueo a las arcas nacionales, sino también porque representa un paso en la dirección correcta para devolver al Poder Judicial la credibilidad y la autoridad que sus propios fallos recientes le han restado.